Causa vialidad: Prisión domiciliaria de 6 años para Cristina Kirchner
La causa que se inició en 2016 llegó vía recurso de queja a la Corte Suprema. La expresidenta tenía una condena por administración fraudulenta en primera y segunda instancia.
Miércoles 11 de junio 2025 | 12:50 Hs.
La denominada Causa Vialidad comenzó en 2016 con la investigación de la adjudicación al empresario Lázaro Báez de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 -durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner- para determinar si se hizo en forma legal, si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
La causa se inició por una denuncia de Javier Iguacel, entonces director Nacional de Vialidad, y la investigación estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini y los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. Ercolini procesó a la expresidenta por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Antes de pasar al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 la causa fue revisada y pasó varias veces por la Sala I de la Cámara Federal, integrada en ese entonces por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, y también por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que conforman Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo.
Luego del pedido de elevación a juicio de los fiscales Pollicita y Mahíques, el expediente llegó finalmente al tribunal que durante el juicio estuvo a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. El fallo del Tribunal Oral fue analizado por la Sala de la Cámara de Casación integrada por Borinsky, Hornos y Diego Barroetaveña.
Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 la absolvió por el delito de asociación ilícita y sólo la condenó por administración fraudulenta, que tiene una escala de 2 a 6 años. Es decir que se la condenó por el máximo de la pena prevista para este delito y a la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Los jueces, además, consideraron probado que los beneficios obtenidos por Báez “no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex Presidenta”. También aluden, a partir de los chats del ex secretario de Obras Públicas José López, al abandono de las obras después de las elecciones presidenciales de 2015, en las que Mauricio Macri (Cambiemos) fue elegido presidente.
Teniendo en cuenta la resolución y el impacto de esta noticia a nivel nacional, conversamos con el abogado Emiliano Oyola, para que nos comente sobre la parte legal del caso.
La causa se inició por una denuncia de Javier Iguacel, entonces director Nacional de Vialidad, y la investigación estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini y los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. Ercolini procesó a la expresidenta por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Antes de pasar al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 la causa fue revisada y pasó varias veces por la Sala I de la Cámara Federal, integrada en ese entonces por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, y también por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que conforman Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo.
Luego del pedido de elevación a juicio de los fiscales Pollicita y Mahíques, el expediente llegó finalmente al tribunal que durante el juicio estuvo a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. El fallo del Tribunal Oral fue analizado por la Sala de la Cámara de Casación integrada por Borinsky, Hornos y Diego Barroetaveña.
Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 la absolvió por el delito de asociación ilícita y sólo la condenó por administración fraudulenta, que tiene una escala de 2 a 6 años. Es decir que se la condenó por el máximo de la pena prevista para este delito y a la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Los jueces, además, consideraron probado que los beneficios obtenidos por Báez “no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex Presidenta”. También aluden, a partir de los chats del ex secretario de Obras Públicas José López, al abandono de las obras después de las elecciones presidenciales de 2015, en las que Mauricio Macri (Cambiemos) fue elegido presidente.
Teniendo en cuenta la resolución y el impacto de esta noticia a nivel nacional, conversamos con el abogado Emiliano Oyola, para que nos comente sobre la parte legal del caso.
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