Columna de Asuntos Legales: ¿cómo hago si ya no puedo pagar mis deudas?

La legislación argentina contempla distintos mecanismos legales para afrontar situaciones de insolvencia. Entre ellos se encuentran la quiebra propia, regulada por el artículo 5 de la Ley de Concursos y Quiebras (Ley 24.522), y el concurso preventivo de acreedores.

La quiebra propia permite que una persona física o jurídica solicite voluntariamente su quiebra ante un juez, siempre que acredite fehacientemente su estado de cesación de pagos, es decir, su incapacidad para cumplir con las obligaciones económicas asumidas. Para ello, se debe presentar una serie de documentos: un detalle del origen de la insolvencia, inventario de bienes y deudas, balances, nómina de acreedores y documentación respaldatoria. El juez evaluará la solicitud y, si se cumplen todos los requisitos, dictará la quiebra e iniciará el proceso de liquidación de bienes para saldar los compromisos con los acreedores.

Por otro lado, el concurso preventivo de acreedores es un procedimiento alternativo que busca evitar la quiebra. En este caso, el deudor —persona física o jurídica— que se encuentra en una situación de insolvencia puede solicitar judicialmente la apertura del concurso para renegociar sus deudas. El objetivo es lograr un acuerdo con los acreedores que permita mantener la continuidad de las actividades del deudor, al tiempo que se brinda una posibilidad real de cobro a los acreedores, en condiciones más favorables que las que implicaría una liquidación por quiebra.

Ambas herramientas ofrecen respuestas jurídicas frente a la crisis económica de un sujeto, pero con objetivos distintos: mientras que la quiebra implica la disolución patrimonial, el concurso preventivo apunta a la reestructuración de deudas y la preservación de la actividad económica.