Columna de Asuntos Legales: “delitos ambientales”

La normativa sanciona con penas de entre cinco y quince años de prisión a quienes adquieran, fabriquen, suministren o posean materiales explosivos, radiactivos, tóxicos o biológicamente peligrosos con el objetivo de causar daños en la producción industrial o contribuir a delitos de seguridad común. Además, establece las mismas sanciones para aquellos que instruyan sobre su fabricación o manipulación, conociendo o debiendo conocer los riesgos asociados.

Según Oyola, esta ley no solo busca proteger a la sociedad de potenciales catástrofes ambientales, sino que también pone el foco en la responsabilidad empresarial y laboral. «Las empresas tienen el deber de extremar las medidas de seguridad en la manipulación de sustancias peligrosas, ya que cualquier descuido o uso indebido puede derivar en consecuencias penales», destacó el especialista.

El abogado enfatiza que el cumplimiento de las normativas ambientales no solo es una obligación legal, sino también una necesidad urgente en tiempos de crisis climática. «La prevención es clave. No se trata solo de evitar sanciones, sino de proteger nuestro entorno y garantizar un futuro sostenible», concluyó Oyola.