Columna de Asuntos Legales: “participación criminal en redes sociales”

En un reciente fallo judicial que ha captado la atención de la opinión pública, la diputada nacional Vanina Natalia Biasi fue procesada por la Justicia Federal por su presunta incitación a la discriminación, un tema candente en la actualidad social y política del país. El juez federal Daniel Rafecas tomó esta decisión a raíz de una serie de tweets que la diputada publicó en la plataforma X (ex Twitter), donde caracterizó al Estado de Israel como “nazista” y atacó al “sionismo” con comentarios que muchos interpretaron como antisemitas.

La investigación se inició gracias a una denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli, quien consideró que los mensajes de Biasi violaban la Ley 23.592, que sanciona la incitación a la discriminación, y el artículo 45 del Código Penal. En uno de sus tweets, tras la revelación de que la niña israelí Emily Hand estaba viva después de haber sido secuestrada por Hamas, Biasi afirmó que la conmoción pública era “una construcción de la narrativa sionista”, sugiriendo que el sufrimiento de las víctimas era irrelevante.

Este caso no solo pone de relieve la responsabilidad de los funcionarios públicos en el uso de las redes sociales, sino que también reabre el debate sobre la libertad de expresión frente a la incitación al odio. Las palabras de Biasi han generado una fuerte reacción tanto en el ámbito político como en la sociedad civil, donde numerosos grupos han alzado la voz contra lo que consideran una forma de discriminación inaceptable.

La problemática de la discriminación por nacionalidad y raza se convierte en un tema crítico, especialmente en un mundo cada vez más interconectado, donde las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión de ideas.
La legislación existente busca proteger a las personas de estos ataques, pero la interpretación de lo que constituye incitación al odio sigue siendo un terreno debatido.