Discapacidad: Córdoba impulsa un protocolo para simplificar trámites y frenar la judicialización
El Colegio de Abogados y el Consejo de Médicos trabajan en una guía que unifica criterios técnicos y legales. Buscan reducir la judicialización del sistema y evitar el desamparo de miles de cordobeses.
Miércoles 15 de abril 2026 | 07:52 Hs.
En un escenario marcado por la burocracia y la creciente judicialización de la salud, el Colegio de Abogados de Córdoba y el Consejo de Médicos de la Provincia avanzan en una iniciativa sin precedentes a nivel nacional. Ambas instituciones trabajan en la elaboración de una guía de buenas prácticas destinada a unificar los criterios para el otorgamiento de apoyos y prestaciones a personas con discapacidad, buscando agilizar trámites que hoy suelen quedar estancados.
La herramienta técnica propone un cruce innovador entre la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS y el complejo sistema normativo argentino. El objetivo principal es evaluar a cada persona desde sus capacidades reales y su contexto social, garantizando que la asignación de recursos sea justa y eficiente, evitando tanto la falta de cobertura como las distorsiones que sobrecargan al sistema.
La urgencia de este protocolo se hace eco de una realidad social alarmante. En declaraciones a Canal 10, la abogada Marta Lastra advirtió sobre la fragilidad del sector y subrayó que, en Córdoba, cerca de 220.000 personas poseen el Certificado Único de Discapacidad. Según la especialista, gran parte de esta población depende de pensiones no contributivas y enfrenta un sistema público saturado que no logra cubrir la demanda prestacional.
"En el sistema público no hay ningún hospital que pueda brindar todos los servicios que necesita una persona con discapacidad y estas personas tampoco pueden acceder a pagar el sector privado. Quedan en un completo abandono", señaló Lastra, quien remarcó que el cierre de un solo centro asistencial privado puede provocar el colapso de los hospitales públicos, que no cuentan con la infraestructura para absorber esa demanda. En este contexto, el proyecto busca fortalecer la intervención profesional mediante equipos interdisciplinarios que logren una respuesta más humanizada y menos litigiosa.
Como eje complementario, el Colegio de Abogados acompaña el proceso con un Posgrado en Discapacidad y Derecho. Esta formación busca que los profesionales del área cuenten con herramientas actualizadas sobre capacidad jurídica y sistemas de apoyo, entendiendo que el derecho a la salud no puede depender exclusivamente de un fallo judicial, sino de un sistema administrativo que funcione con criterios claros y unificados.
Fuente e imagen: Cba24n
La herramienta técnica propone un cruce innovador entre la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS y el complejo sistema normativo argentino. El objetivo principal es evaluar a cada persona desde sus capacidades reales y su contexto social, garantizando que la asignación de recursos sea justa y eficiente, evitando tanto la falta de cobertura como las distorsiones que sobrecargan al sistema.
La urgencia de este protocolo se hace eco de una realidad social alarmante. En declaraciones a Canal 10, la abogada Marta Lastra advirtió sobre la fragilidad del sector y subrayó que, en Córdoba, cerca de 220.000 personas poseen el Certificado Único de Discapacidad. Según la especialista, gran parte de esta población depende de pensiones no contributivas y enfrenta un sistema público saturado que no logra cubrir la demanda prestacional.
"En el sistema público no hay ningún hospital que pueda brindar todos los servicios que necesita una persona con discapacidad y estas personas tampoco pueden acceder a pagar el sector privado. Quedan en un completo abandono", señaló Lastra, quien remarcó que el cierre de un solo centro asistencial privado puede provocar el colapso de los hospitales públicos, que no cuentan con la infraestructura para absorber esa demanda. En este contexto, el proyecto busca fortalecer la intervención profesional mediante equipos interdisciplinarios que logren una respuesta más humanizada y menos litigiosa.
Como eje complementario, el Colegio de Abogados acompaña el proceso con un Posgrado en Discapacidad y Derecho. Esta formación busca que los profesionales del área cuenten con herramientas actualizadas sobre capacidad jurídica y sistemas de apoyo, entendiendo que el derecho a la salud no puede depender exclusivamente de un fallo judicial, sino de un sistema administrativo que funcione con criterios claros y unificados.
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