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El Gobierno denunció vuelos ilegales de una empresa británica entre Malvinas y Punta Arenas

Milei ordenó iniciar una acción penal contra la empresa Thales; también pidió un arbitraje con el Reino Unido para detener la explotación petrolera en las islas
Políticas Lunes, 28 de septiembre de 2026
El Gobierno denunció este lunes los vuelos ilegales que realiza una empresa británica entre Malvinas y Punta Arenas, Chile, y anunció que presentará una denuncia penal.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo informó que iniciará “procedimientos sancionatorios” por esa operación aérea de la empresa Thales Uk Limited en la ruta aérea señalada. Dichos vuelos habrían sido efectuados con una aeronave de matrícula del Reino Unido y sin la autorización correspondiente de las autoridades argentinas.

“El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”, detalla el texto.
Además, indicó el Gobierno pedirá un arbitraje con el Reino Unido, previsto por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, para detener la explotación petrolera en las Islas Malvinas.

Según el comunicado oficial, la medida busca impedir la explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto petrolero Sea Lion, así como evitar la adopción de nuevas decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.

“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió el Presidente Javier Milei en X al compartir el comunicado. Y en el mismo posteo acusó al Reino Unido de practicar el “saqueo ilegal de nuestros recursos”.

En el comunicado la presidencia sostuvo que aquel país desarrolla un “accionar ilegítimo” en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes.
En ese marco, afirmó que la explotación unilateral de recursos naturales en la zona “es contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable” sobre los derechos soberanos que reclama la Argentina.
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