Ley Antibúnker: el Gobierno de Córdoba busca recuperar inmuebles utilizados para el delito

El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos destinado a dotar al Estado de una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.

La iniciativa establece un régimen administrativo y judicial que permitirá actuar de manera rápida, coordinada y proporcional sobre bienes que funcionen como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre inmuebles abandonados, desocupados o en estado de deterioro que faciliten la comisión de ilícitos o generen situaciones de peligro para la comunidad.

Sobre el espíritu del proyecto de ley, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en diálogo con Canal 10, aseguró que "acortará los pasos administrativos y judiciales para desalojos o derribos".

El proyecto prevé un procedimiento de intervención temprana, con actas de constatación, informes técnicos, resoluciones fundadas y la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso y las competencias judiciales.

Cuando la complejidad del caso lo requiera, especialmente en situaciones vinculadas al narcotráfico, será la Justicia la que podrá ordenar medidas de mayor alcance, como desalojos, demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.

Fuente e imagen: NA