La iniciativa prevé iniciar la extracción en 2028, mientras el Gobierno busca ampliar el alcance de las penalidades contra las compañías involucradas.
El avance del emprendimiento reactivó la respuesta argentina sobre la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y llevó al Gobierno liderado por Javier Milei a impulsar un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer las sanciones contra quienes operen sin autorización del país.
La iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento del Congreso y se suma al régimen actualmente vigente, que ya contempla inhabilitaciones, multas y penas de prisión para determinadas actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.
Sea Lion está ubicado a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, bajo unos 450 metros de agua. La israelí Navitas Petroleum opera el proyecto y posee el 65%, mientras que la británica Rockhopper Exploration conserva el 35%.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la primera etapa contempla once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), que procesará el fluido extraído y almacenará el petróleo hasta su transferencia a buques.
El objetivo inicial es recuperar 170 millones de barriles y alcanzar un máximo cercano a los 50.000 diarios. Las compañías adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y fijaron marzo de 2028 como fecha prevista para obtener el primer petróleo.
La magnitud potencial es todavía mayor: una evaluación independiente correspondiente al 31 de julio de 2026 calculó alrededor de 314 millones de barriles de reservas probadas y probables para las fases 1 y 2 del área norte.
Para poner en marcha esa producción, la financiación anunciada contempla US$1.800 millones hasta alcanzar el primer petróleo y US$2.100 millones hasta completar el proyecto, incluidos contingencias y costos financieros.