San Francisco: El Consejo de Discapacidad expresó su preocupación por la crítica situación del sector

 El Consejo Asesor Municipal de Discapacidad, Niñez y Adolescencia expresó su extrema preocupación por la situación de crisis que atraviesan las instituciones vinculadas con la discapacidad en todo el país a partir del profundo recorte de partidas presupuestarias por parte del Estado nacional que afectan el normal desarrollo de las mismas.

El reclamo se centra en la demora de la autorización de las prestaciones, las trabas que ponen las obras sociales para que la persona con discapacidad pueda acceder a ellas, la demora, de hasta 120 días, y la falta de pago y ausencia de aumentos en el nomeclador, sumado a la aprobación de la ley de emergencia del sector.

Esta preocupación fue manifestada en el marco de la realización de la última reunión de este organismo que se llevó a cabo en la misma jornada donde se concretó a nivel nacional una protesta reclamando por la reinstauración del mecanismo de financiamiento.

Laura Bonino, coordinadora de la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de San Francisco, señaló: “esta reunión se realiza mensualmente el último jueves de cada mes. Convoca a todas las instituciones de la subcomisión del Área de Discapacidad del Consejo Asesor, donde se tratan diferentes temáticas vinculadas a la cuestión. En la mesa están representados C.A.C.N.O.V.I., ALPI, Cottolengo Don Orione, APRID, Escuela Ana Sullivan, Asociación de Sordos, la Oficina de Discapacidad y APADIM”.

“La reunión coincide en este día con la movilización que hay en el país, que tiene que ver con la situación de crisis que está atravesando el sector de discapacidad. Nosotros estamos alineados porque cada una de las instituciones representadas aquí están atravesadas por esta crisis de índole económico, pero también tiene que ver con la manera en que se considera a la discapacidad y la vulneración de sus derechos”, continuó Bonino.

La coordinadora dijo: “lo que hoy se plantea es la ley de financiamiento para todas las prestaciones que las personas con discapacidad requieren, para estar incluidos en la sociedad. Todo lo que hoy sucede termina afectando a todo el colectivo, a las familias, es un retroceso en sus derechos”.

En tanto, María Inés Funes, directora de APRID, expresó: “el reclamo tiene que ver con una concientización sobre los derechos de todas las personas que requieren de nuestros servicios, donde hay una interrupción en el pago de aranceles, con una demora de tres o cuatro meses, con un desfasaje desde el año pasado, sin ningún tipo de incrementos”.

“Nos hemos visto en la obligación de hacer un reclamo un poco más visible para tener una respuesta más inmediata. Este tipo de situaciones se viene reiterando desde hace mucho tiempo y siempre los derechos más vulnerados son los de ese sector social. Pero la gravedad de este presente no la hemos visto nunca”, siguió María Inés.

“Hay instituciones a las que les está costando pagar los servicios. Aumenta todo y los aranceles son de septiembre de 2024, por lo que se hace imposible. Nosotros como Estado estamos trabajando con las personas que no tienen obra social, pero si se cae la ley 24.901 nadie va a tener acceso, ni aun teniendo obra social, porque no habrá financiamiento. Es muy grave la situación”, mencionó Laura Bonino.

“Esto que está pasando ahora no se vio nunca antes. Hay gente que presentó documentación en diciembre, profesionales que presentaron a las obras sociales los planes de tratamiento como corresponde, y al día de hoy no tienen las autorizaciones, lo que quiere decir que esos chicos no pueden tomar sus tratamientos. Esto forma parte de decisiones políticas amplias, que ven que a las personas con discapacidad como un gasto para el Estado y los van corriendo, entonces estas instancias de reclamos son oportunas y necesarias”, finalizó la funcionaria.