Columna de Economía: Terremoto en Venezuela

Tomando como referencia el reciente sismo registrado en Venezuela, se explicó que las estimaciones preliminares ubican los daños materiales directos en alrededor de 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente a cerca del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Sin embargo, se destacó que el impacto económico total puede ser entre una vez y media y tres veces superior cuando se contemplan la paralización de la actividad, la reconstrucción y las pérdidas de productividad.

Cuando un desastre de estas características destruye hospitales, escuelas, rutas, puentes, puertos y redes de servicios públicos, no solo aumenta el gasto del Estado, sino que desaparece una parte importante de la riqueza generada por el país. A ello se suma la interrupción de la actividad comercial e industrial, con comercios cerrados, fábricas paralizadas y cadenas de abastecimiento afectadas.

Otro de los puntos importantes es el fuerte impacto que sufre la logística. La destrucción de puentes, rutas y puertos incrementa considerablemente los costos de transporte, dificultando el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos para la producción. Como consecuencia, se producen aumentos de precios y una mayor presión inflacionaria, especialmente en economías que ya presentan desequilibrios macroeconómicos.

Algo a destacar es la capacidad de respuesta financiera de distintos países. En ese sentido, naciones como Chile y Japón cuentan con seguros, fondos específicos para catástrofes y acceso al financiamiento internacional en condiciones favorables, lo que les permite iniciar rápidamente los procesos de reconstrucción. En cambio, economías con mayores dificultades financieras enfrentan un escenario mucho más complejo, debido a las limitaciones para acceder al crédito, la elevada inflación y la escasa disponibilidad de recursos.

Las principales fuentes de financiamiento que suelen utilizarse después de un desastre natural: la asistencia de organismos multilaterales como la ONU, el Banco Mundial y el BID, las donaciones internacionales, la participación del sector privado y los recursos provenientes del presupuesto estatal, que muchas veces deben reasignarse desde otras áreas prioritarias.