Columna Jurídica: “la vacuna Sputnik”
En una nueva Columna de Asuntos Jurídicos, la abogada María José Pecchio (MP 5-792) abordó un tema de actualidad: La Justicia determinó que una reacción adversa a la vacuna Sputnik V estuvo vinculada al fallecimiento de una joven cordobesa.
Martes 02 de junio 2026 | 14:43 Hs.
La Cámara Federal de Córdoba reconoció la relación entre la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 y la muerte de Melín Sartori, una joven de 24 años que falleció en julio de 2021 luego de sufrir un cuadro de trombosis asociado a una disminución severa de plaquetas.
La resolución judicial representa un antecedente relevante en el país y se conoció tras un extenso proceso impulsado por la familia de la joven. Según explicó Martín Diego Barbará, abogado patrocinante, el propio Ministerio de Salud de la Nación terminó admitiendo la existencia de un nexo causal entre la vacunación y las complicaciones médicas que derivaron en el fallecimiento.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Sartori se encontraba en buen estado de salud cuando recibió la primera dosis de la vacuna rusa durante la campaña de inmunización desarrollada en plena pandemia. Días después comenzó a manifestar intensos dolores abdominales y acudió a un centro médico, donde inicialmente se le diagnosticó una afección gastrointestinal.
Sin embargo, con el correr de las horas su cuadro clínico empeoró. A los dolores se sumaron episodios de vómitos y una marcada debilidad física, por lo que fue trasladada al Sanatorio Mayo. Allí, estudios complementarios detectaron una trombosis acompañada de trombocitopenia, una condición caracterizada por una baja significativa en el nivel de plaquetas sanguíneas.
La joven debió ser sometida a tres intervenciones neuroquirúrgicas debido a las complicaciones generadas por el cuadro. Tras la última operación quedó en estado vegetativo y posteriormente falleció.
Desde un primer momento, su madre, la médica ginecóloga Virginia Ruiz, impulsó gestiones ante organismos sanitarios y científicos con el objetivo de esclarecer las causas de la muerte y determinar si existía relación con la vacuna recibida.
Ante la falta de respuestas inmediatas, la familia inició un reclamo amparado en la Ley Nacional 27.573, normativa que establece mecanismos para la reparación de daños vinculados a la aplicación de vacunas contra el coronavirus. El trámite atravesó diversas instancias administrativas y judiciales hasta que la Cámara Federal de Córdoba se declaró competente para intervenir en el caso.
Según indicó el abogado, durante el expediente se incorporaron informes elaborados por especialistas de reconocimiento internacional que respaldaron la existencia del vínculo causal. Esa evidencia fue considerada determinante para que las autoridades sanitarias nacionales aceptaran formalmente la relación entre la inoculación y las consecuencias sufridas por la joven.
Barbará remarcó además que el reclamo no tuvo como finalidad cuestionar las campañas de vacunación. En ese sentido, sostuvo que la familia siempre buscó obtener una explicación institucional sobre lo ocurrido y conocer las causas que llevaron a la muerte de Melín.
La sentencia establece que, una vez firme, el Estado nacional deberá abonar una indemnización cercana a los 95 millones de pesos a los familiares de la víctima. No obstante, desde el entorno de la joven señalaron que el objetivo principal del proceso nunca fue económico, sino lograr el reconocimiento oficial de los hechos y obtener respuestas tras años de incertidumbre.
La resolución judicial representa un antecedente relevante en el país y se conoció tras un extenso proceso impulsado por la familia de la joven. Según explicó Martín Diego Barbará, abogado patrocinante, el propio Ministerio de Salud de la Nación terminó admitiendo la existencia de un nexo causal entre la vacunación y las complicaciones médicas que derivaron en el fallecimiento.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Sartori se encontraba en buen estado de salud cuando recibió la primera dosis de la vacuna rusa durante la campaña de inmunización desarrollada en plena pandemia. Días después comenzó a manifestar intensos dolores abdominales y acudió a un centro médico, donde inicialmente se le diagnosticó una afección gastrointestinal.
Sin embargo, con el correr de las horas su cuadro clínico empeoró. A los dolores se sumaron episodios de vómitos y una marcada debilidad física, por lo que fue trasladada al Sanatorio Mayo. Allí, estudios complementarios detectaron una trombosis acompañada de trombocitopenia, una condición caracterizada por una baja significativa en el nivel de plaquetas sanguíneas.
La joven debió ser sometida a tres intervenciones neuroquirúrgicas debido a las complicaciones generadas por el cuadro. Tras la última operación quedó en estado vegetativo y posteriormente falleció.
Desde un primer momento, su madre, la médica ginecóloga Virginia Ruiz, impulsó gestiones ante organismos sanitarios y científicos con el objetivo de esclarecer las causas de la muerte y determinar si existía relación con la vacuna recibida.
Ante la falta de respuestas inmediatas, la familia inició un reclamo amparado en la Ley Nacional 27.573, normativa que establece mecanismos para la reparación de daños vinculados a la aplicación de vacunas contra el coronavirus. El trámite atravesó diversas instancias administrativas y judiciales hasta que la Cámara Federal de Córdoba se declaró competente para intervenir en el caso.
Según indicó el abogado, durante el expediente se incorporaron informes elaborados por especialistas de reconocimiento internacional que respaldaron la existencia del vínculo causal. Esa evidencia fue considerada determinante para que las autoridades sanitarias nacionales aceptaran formalmente la relación entre la inoculación y las consecuencias sufridas por la joven.
Barbará remarcó además que el reclamo no tuvo como finalidad cuestionar las campañas de vacunación. En ese sentido, sostuvo que la familia siempre buscó obtener una explicación institucional sobre lo ocurrido y conocer las causas que llevaron a la muerte de Melín.
La sentencia establece que, una vez firme, el Estado nacional deberá abonar una indemnización cercana a los 95 millones de pesos a los familiares de la víctima. No obstante, desde el entorno de la joven señalaron que el objetivo principal del proceso nunca fue económico, sino lograr el reconocimiento oficial de los hechos y obtener respuestas tras años de incertidumbre.
Más leídas
Más noticias
© 2026 Radiocanal - Todos los derechos reservados
