El juez federal Martín Cormick ordenó aplicar de inmediato la norma al considerar que el Ejecutivo no podía suspender una ley ya sancionada por el Congreso
El gobierno de Javier Milei había promulgado formalmente la ley, pero nunca la puso en práctica. Al igual que ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de donde surgirían los recursos y que, por lo tanto, incumplía la Ley de Administración Financiera.
El juez Martín Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional. Además, remarcó que el artículo 9° de la propia ley universitaria otorgaba pautas y herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.
En la sentencia se intimó al Gobierno a cumplir de manera inmediata la ley y a garantizar los fondos destinados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas. Según estimaciones del sistema universitario, esto implicaría una recomposición salarial cercana al 33%. La decisión de fondo respalda la cautelar que obligaba a la actualización de salarios y becas, que había sido ratificada por la Corte Suprema.
El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento. Se estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Los rectores, en cambio, habían adelantado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial.
Mantiene los valores del período 2024-2026, lo que consolida un 24,9% menos, en términos reales, que el presupuesto 2023, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).